Íñigo de la Serna ha aprovechado la reciente visita de Felipe VI a Arabia Saudí para oficializar ante la Saudi Railways Organization (SRO) el compromiso político del Gobierno español como garante del consorcio español que construye el AVE a La Meca. Las credenciales del nuevo responsable del Ministerio de Fomento constituyen el punto de inflexión para una colaboración férrea entre las empresas españolas, que asegure la confianza de Arabia Saudí en la ‘marca España’ y evite cualquier tipo de disfuncionalidad en la marcha de las obras durante los 14 meses de prórroga pactados con el cliente y las autoridades del país.

Los conflictos internos surgidos entre los distintos participantes del consorcio Al-Shoula han provocado un daño mayor si cabe que todas las inclemencias juntas a las que ha tenido que enfrentarse el proyecto desde su origen en 2011. El más importante contrato obtenido por España en los mercados exteriores se convirtió en un quebradero de cabeza para la antigua ministra, Ana Pastor, debido a problemas permanentes en la gestión interna del grupo contratista, que han eclipsado los desarrollos operativos del proyecto. De hecho, el llamado ‘tren de los peregrinos’ ha superado algunos de los principales hitos programados en su hoja de ruta, alcanzando una velocidad de 200 kilómetros por hora durante la primera fase de pruebas.

La misión esencial que De la Serna ha encargado al nuevo presidente del consorcio, Jorge Segrelles, consiste precisamente en erradicar a toda costa la más mínima desavenencia entre los miembros del grupo. A tal fin, Segrelles ha abandonado totalmente sus tareas como director general de Servicios a Clientes y Patrimonio de Adif para dedicarse por entero a su labor institucional como máximo representante del Gobierno español al frente del grupo contratista del AVE a La Meca. Los antecedentes no auguran una tarea sencilla, pero la consigna del ministro es inequívoca, porque ahora lo que está en juego es la credibilidad del país de cara a otros muchos programas de colaboración internacional.

En Arabia Saudí, no terminan de entender que decisiones previamente adoptadas con el Gobierno español puedan luego ponerse en riesgo por intereses corporativos particulares. De ahí la trascendencia del compromiso asumido por el ministro español con el presidente de la SRO, Rumaih bin Mohammed al-Rumaih. La operadora saudí y el anterior presidente del consorcio Al-Shoula y de Renfe, Pablo Vázquez, habían llegado en noviembre a un acuerdo de principio para renegociar y ajustar los términos contractuales del AVE a La Meca, pero dentro del país no las tenían todas consigo y temían, por antiguas y probadas experiencias, que las empresas contratistas no asumieran con plena responsabilidad las nuevas estipulaciones pactadas.

El preacuerdo ahora ratificado se traducía básicamente en una ampliación del plazo de entrega, que finalizaba a últimos del pasado año y que ahora se ha extendido hasta marzo de 2018. De esta forma, los contratistas despejan cualquier eventual denuncia de incumplimiento y el Gobierno se ahorra un problema político de resonancia internacional. La contrapartida para Arabia Saudí se materializa con una reducción del pago de sobrecostes, de tal manera que las empresas españolas deberán conformarse con 150 millones de euros cuando hace unos meses llegaron a reclamar 10 veces más. Esta renuncia fue encajada con natural desagrado por la mayoría de las empresas, y había dado lugar a nuevas suspicacias en el seno de la SRO.

El nuevo presidente del consorcio ha cortado de raíz cualquier atisbo de conflicto, y antes de viajar a Riad mantuvo contactos con los altos cargos de las empresas para establecer un plan conjunto de trabajo en el que todos los contratistas respalden el carácter solidario del grupo. El objetivo de Segrelles consiste en cerrar filas hasta la entrega de la obra para asegurar la estabilidad durante toda la fase de construcción y evitar nuevos retrasos que obliguen a una ulterior negociación con las autoridades de Arabia Saudí. La posibilidad de una futura revisión del calendario no se descarta del todo, pero la prioridad ahora es no dar argumentos que pongan en entredicho la cohesión del consorcio como entidad única y responsable operativo ante el cliente.

Las dotes de persuasión de Segrelles para evitar fisuras tienen su contrapunto en Renfe, que no en vano es la empresa encargada de gestionar la línea de alta velocidad por el desierto durante los 12 años siguientes a su entrada en funcionamiento. Los parámetros sobre los que se planteó el AVE a La Meca se han demostrado infundados y las previsiones de 60 millones de pasajeros anuales reflejan un exceso de optimismo que ahora será necesario sufragar en forma de pérdidas. El importe detallado de los números rojos está todavía por cuantificar, pero lo que parece claro es que será la operadora dependiente de Fomento la que asuma la parte contratante de la segunda parte; entendiendo por tal la explotación del servicio, donde desembocarán los mayores desajustes del proyecto.